COPARMEX NAYARIT

Las políticas públicas no deben afectar los derechos humanos, Coparmex Los migrantes deben ser tratados con respeto y dignidad, Pérez Ochoa “En Coparmex señalamos, con oportunidad, que la Ley Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros, SB1070 es una medida discriminatoria y urgimos a nuestros legisladores por una reforma laboral en nuestro país y una reforma migratoria completa. Hoy, ante la entrada en vigor de esta ley que permitirá a agentes policiacos solicitar a los migrantes sus papeles sólo por su apariencia física y sin la intermediación de la Policía Fronteriza, enfatizamos que toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, abre la puerta a la intolerancia, al odio y al abuso en la aplicación de la ley” señaló Alfonso Pérez Ochoa, presidente de Coparmex Nayarit. “Los empresarios reunidos en la Confederación Patronal de la República Mexicana lamentamos que los legisladores que aprobaron esta Ley y la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, no reconozcan la gran contribución de los migrantes a la economía y a la sociedad de Arizona y de los Estados Unidos de América”. “La frontera entre los Estados Unidos y México es una de las regiones de mayor dinamismo en el mundo” agregó el líder patronal en Nayarit, “iniciativas como la Ley Arizona afectan los derechos humanos de las personas pero también a las economías regionales y municipales interfronterizas que, como en este caso, se caracterizan por su heterogeneidad y su desarrollo económico”. “La criminalización del fenómeno migratorio lejos de contribuir a la cooperación y colaboración, representa un serio obstáculo para la solución de los problemas comunes en la frontera y en toda la región. La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte”. “En Coparmex creemos que la Ley SB1070 afecta las relaciones entre ambos países como Estados-Nación, por eso exhortamos a las autoridades federales de ambos gobiernos a que hagan todo lo necesario para impulsar una reforma migratoria acorde a los principios de derecho internacional y a la protección de los derechos humanos. Para concluir Pérez Ochoa extendió la solicitud institucional en la que todos los empresarios mexicanos coinciden: “que el gobierno de México utilice todos los recursos a su alcance para defender la dignidad de los mexicanos en Arizona y redoble sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica indistintamente de su condición migratoria”